Los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revelan que más del 80% del territorio nacional puede llegar a ser propiedad de comunidades y pequeños productores. Dicho dato emerge de la sumatoria de lo hasta ahora saneado a favor de estas categorías de tierra agraria; pues, a diciembre de 2022, las comunidades campesinas ya tenían tituladas al menos 28 millones de hectáreas y las poblaciones Indígena Originario Campesinas 27 millones.
A ellas se suma el Estado que posee en Tierras Fiscales 26,8 millones de hectáreas que, por mandato de la Ley 3545, deben destinarse de forma exclusiva a pueblos y comunidades indígena originario campesinas (TIOC). Y así, lo más probable es que se llegue a cubrir un 81,8% de la superficie del país.
Esto significa que esa porción de territorio nacional deja de tener un control estatal, puesto que al titularse de forma colectiva, las tierras adquieren la condición de irreversibles e indivisibles. Por lo tanto, no pueden ser recuperadas, aunque no cumplan función social alguna. En contrapartida, sólo el 16% (alrededor de 14,9 millones de hectáreas) están tituladas en favor de medianos productores y empresas agropecuarias, que sí están obligadas a producir en toda su extensión.
Entregas gratuitas
Además, haciendo una revisión de las entregas gratuitas de tierra realizadas en el oriente del país, se observa que en Santa Cruz 1.468.597 hectáreas fueron dotadas a 930 comunidades, en Pando 340.675 a 113 poblaciones y en Beni 315.527 a favor de 19 comunidades.
“En el caso de Santa Cruz, las hectáreas dotadas no se visualizan en el circuito productivo agrícola o ganadero, y no se nota el aporte al trabajo que hacen los pequeños, medianos y grandes productores, quienes producen granos, carnes, lácteos y otros que benefician al desarrollo económico y social del país”, aseveró el abogado experto en derecho agrario Fernando Asturizaga, durante su intervención en el conversatorio “Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”, realizado por Anapo a finales de mayo.
“La dotación colectiva es una medida que no condice con el modelo productivo cruceño, que se basa en la propiedad individual de la tierra”, enfatizó el jurista. De acuerdo con su investigación, las hectáreas a favor de comunidades son usadas para el desmonte, el alquiler informal de tierras y la explotación maderera, pero no existe certeza de qué sucede al interior de ellas, ni cómo se eligió a sus beneficiarios.
Asturizaga indicó que “el país no valora el aparato productivo cruceño”, sujeto a avasallamientos, restricción de exportaciones y a un proceso infinito de reforma agraria que busca su reducción gradual. “Se llega al extremo de que el Tribunal Constitucional califique al derecho propietario sobre la tierra de medianos productores y empresas como meras expectativas”, aseveró.
Entre 2010 a 2019, el INRA revisó 209 dotaciones, de éstas solo 17 cumplen el rol social, es decir, las tierras han sido destinadas a la residencia o a una producción de subsistencia de los miembros de las comunidades y pueblos indígenas. De estas dotaciones, según el propio INRA, 51 comunidades cumplen parcialmente el objetivo, 61 no cumplen y 80 no han completado su revisión.
Cabe señalar que, durante los últimos cuatro años, no se ha verificado la función social de comunidades con autorización de asentamiento, pero sí iniciaron procesos de reversión de propiedades tituladas a medianos y grandes productores. Por ello, Asturizaga considera que no existe seguridad jurídica plena para los productores, quienes -a pesar de contar con un título de propiedad- son vulnerables a sufrir atropellos y revisiones eternas de sus predios, lo cual frena las inversiones en el campo.
A esto se suma el lento avance del saneamiento de tierras, cuyo proceso demora años con falta de transparencia en el acceso a la información, ejercida por las entidades agropecuarias y una débil institucionalidad que no funciona en el control social al INRA. Ni la Comisión Agraria Nacional ni las comisiones departamentales son convocadas para informar sobre el saneamiento y la distribución de las tierras en el país, lo que ha generado un elemento más a favor de los avasallamientos.
En cuanto a la justicia agraria, Asturizaga manifestó que se debe ingresar a un proceso de reforma especializada, porque es criticable que ex autoridades del INRA (algunas descalificadas para ser magistrados del Tribunal Agroambiental) ahora aparecen como asesores en dicho ente jurisdiccional. “¿Cómo se puede dar credibilidad a una justicia agroambiental con magistrados abiertamente contrarios a la labor del empresario agropecuario, o con ex funcionarios revisando dentro del poder judicial lo que ellos mismos hicieron en el INRA?”, cuestionó el jurista.
“Si no se concluye el proceso de reforma agraria, y se otorga un valor definitivo al título de propiedad, la incertidumbre sobre el productor continuará, frenando las inversiones, el acceso a la tecnología y el incremento de la productividad”, manifestó el especialista.