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Por: M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista
El viernes, al pasar por la Gestora Pública, vi con preocupación la cantidad de personas que realizaban una fila ante dicha institución para realizar trámites y me pregunté, ¿si el proyecto de ley de modificación a la Ley de Pensiones que envió el gobierno de Luís Arce al Órgano Legislativo los beneficiará con un aumento en sus pensiones?
Este proyecto de ley señala el aumento de la pensión solidaria de Bs 4.200 a Bs 5.200 para los jubilados y para el sector minero metalúrgico de 5.200 a 6.000 por 35 años de aportes. Para este cometido se incrementaría el aporte patronal solidario del 3% al 3,5%; el aporte solidario del empleador minero pase del 2% al 2,3%, asimismo, los que ganan entre Bs 13.000 y Bs 25.000 el porcentaje de incrementaría del 1% a 1,15%; los que perciben de Bs 25.000 a Bs 35.000 del 5% al 5,74%; y los que tengan ingresos por más de Bs 35.000 su aporte subiría del 10% al 11,48%.
La propuesta como tal, parece ser buena, pero el proyecto de ley no señala qué pasará con los jubilados del sistema de reparto y con aquellos rentistas que se jubilaron con la Ley de Pensiones durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que dejó pensiones de hasta Bs 600 por mes. ¿Estos grupos de jubilados recibirán algún aumento o están excluidos del proyecto de ley?
Este hecho, demuestra que el proyecto de ley del Gobierno de Luis Arce, no está enmarcado en el artículo 45, parágrafo IV de la Constitución Política del Estado (CPE) que reza lo siguiente:
“El Estado garantizará el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidaria y equitativo”. Además, los tres conceptos señalados forman parte de los principios de la seguridad social.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta febrero de 2023, en el país existen 78.026 jubilados en el sistema de reparto (hasta el 30 de abril de 1997), además se contabilizan 14.979 jubilados con Compensación de Cotizaciones, 49.600 jubilados con pensión de vejez (aportes a las AFP y Compensación de Cotización si corresponde) y 146.635 con pensión solidaria (aportes a las AFP, Compensación de Cotización si corresponde y una fracción solidaria Ley de Pensiones 065).
La suma total de los jubilados -sin contar a los del sistema de reparto- alcanza a 211.214, pero si sumamos a los del antiguo sistema de reparto la cifra asciende a 289.240 jubilados que existen en el país.
Entonces, el aumento de las rentas que se anunció sólo será para aquellos que realizaron 35 años de aportes para su jubilación y que son el SIP, lo cual deja atrás a los que perciben rentas por debajo del salario mínimo nacional como en el caso de los jubilados con la Ley 1732, quienes perciben Bs 600 o Bs 800 por mes.
Esta situación demuestra que no existe una política estructural que busque beneficiar a aquellos que perciben menos ni se centra en una verdadera solución del problema financiero del sistema de pensiones.
La única forma para que el sistema de pensiones sea sostenible financieramente a largo plazo es que el número de aportantes se incremente, así como los montos que se recauden, para lo cual se debe fortalecer y expandir el aparato productivo del país y generar empleos formales. Si el país sigue ahogado en la informalidad en un 85% de la economía, la desequidad y la falta de solidaridad persistirá.
Según datos del Viceministerio de Pensiones y de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) hasta septiembre de 2022, existen 2,6 millones de asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y el patrimonio del SIP que representan los aportes de los trabajadores para su jubilación hasta enero de 2023 es de $us 23.966 millones. La Gestora Pública asumió la administración de los $us 23.966 millones, para lo cual se realizó el traspaso de los datos de los aportantes de las exAFP.
Asimismo, el aumento anunciado con el cambio de algunos artículos de la Ley de Pensiones no llegará a la mayoría de los jubilados del SIP porque muchos de ellos no lograron alcanzar los 35 años de aportes. Esto, es sin mencionar que dicho proyecto busca jubilar de manera obligatoria a los trabajadores que cumplan los 65 años, lo cual viola la Sección III de la CPE, el cual establece el derecho al trabajo y a una justa remuneración, excepto para aquellos que sean electos por voto.
Lo importante es fortalecer el mercado interno, incentivar la creación de empresas formales con el objetivo de elevar el número de trabajadores que aporten para su jubilación, lo cual fortalecerá el Sistema de Pensiones.
El aumentar el porcentaje del aporte para el Fondo Solidario sólo alienta a la informalidad y oculta el verdadero problema estructural en lo financiero que debe ser abordado con seriedad.
Hay una anomia en la existencia de profesionales capaces e idóneos en la Gestora Pública y en las autoridades del área de pensiones porque no centran su trabajo en los grupos que reciben bajas rentas ni en cómo fortalecer financieramente a la mediano y largo plazo el SIP.
Este tema debe llamar a la reflexión porque mientras no se fortalezca la economía y la capacidad productiva del país el problema de las pensiones seguirá latente.
Los planteamientos expresados en la presente columna de opinión no comprometen la línea editorial de esta casa periodística.
