Por: Dipl. M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Este miércoles, estuve en el Mercado Lanza para almorzar como todo mortal, mientras me servía una sopa de verduras escuché hablar a dos personas que los parlamentarios no quieren aprobar nuevos créditos externos que el “hermano Presidente Luís Arce” les pidió.
Además, a viva voz maldijeron a un medio televisivo que propagó la información que el país seguirá importando gasolina y diésel porque cayó la producción de petróleo y gas natural.
Ante ello, es importante entender que la deuda externa es la deuda que un país contrae con una institución bancaria internacional o de otra nación. Los compromisos que asume un gobierno a nombre de un Estado ante un acreedor deben ser honrados por el actual o los gobiernos venideros.
Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), Ministerio de Economía y la Fundación Jubileo, la deuda externa entre 2006 y mayo de 2023 creció de $us 3.248 millones a $us 13.327 millones, es decir, en este periodo se incrementó en más de cuatro veces su valor o se elevó en más de 400%.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que a mayo de 2023 la deuda externa representó el 29,2% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), lo cual derivaría en estimar que el PIB proyectado para esta gestión alcanzaría al menos a $us 46.000 millones.
La deuda externa tuvo un aumento constante entre 2006 y mayo 2023, pero desde 2017, la cifra se disparó.
El gobierno considera que la deuda externa es una de las más bajas con relación a otras economías, pero lo que no menciona es a cuánto asciende el PIB de esas naciones extranjeras, por ejemplo, el PIB de Chile en 2022 alcanzó los $us 301.448 millones, es decir, es más de seis veces la economía boliviana.
¿Los recursos de la deuda externa a dónde se destinan? ¿Quién o quienes se benefician con la deuda externa? ¿Quién pagará la deuda externa? ¿Es bueno prestarse dinero del exterior? ¿El extender el sombrero para prestarse dinero no es acaso una actitud de mendigo? Son preguntas que quedan por delante que tienen sus causas estructurales.
Para empezar, sería bueno que la deuda la pagaran los políticos, pero eso no ocurrirá porque esa deuda la cancelarán todos los bolivianos con sus impuestos y los recursos que se generen en el país. Si se divide los $us 13.327 millones de deuda externa entre los 11 millones de habitantes, cada boliviano debería pagar al menos $us 825,3 a los acreedores multilaterales y bilaterales.
Según la Fundación Jubileo el 74,1% de la deuda externa se destinó a infraestructura vial ($us 3.765 MM-28,3%), multisectorial ($us 1.526 MM- 11,5%), apoyo presupuestario ($us 1,646 MM- 12,4%), otros ($us MM 1.692- 12.7%), ajuste estructural ($us 84 MM- 0,6%) y salud ($us 1.145 MM- 8,6%).
El ministro de Economía Marcelo Montenegro, señaló que el nivel de endeudamiento promedio por mes es de $us 58,4 millones y que el endeudarse en si no es malo si se destinan los recursos a proyectos de inversión o reposición de gasto que se hizo en el Covid.
Por las últimas cifras señaladas, la mayor parte de la deuda externa no está destinada exclusivamente a inversión, sino a apoyo presupuestario, ajuste estructural, otros y multisectorial. A partir de este razonamiento surge las preguntas: ¿La deuda externa realmente está resolviendo las necesidades del pueblo boliviano? ¿Por cada $us 100 que se accede del crédito externo para proyectos de inversión cuánto se destinan para consultorías?
Un Estado acude a la deuda externa porque no puede generar recursos propios, en el caso boliviano no sólo carece de recursos, sino que está acompañado de un déficit fiscal del 7,2% hasta 2022 y una caída de las reservas internacionales netas (RIN) que hasta abril de 2023 alcanzó los $us 3.158 millones, lo cual es menor a lo registrado en 2014 ($us 15.123 MM). Todas estas desgracias tienen como causas la falta de la diversificación de la producción con valor agregado, una baja capacidad de exportación y una alta importación de bienes.
El país dejó pasar una década de oro marcada por altos precios del petróleo y minerales entre 2004 y 2014, pues los recursos que se generaron no se destinaron al sector productivo para la generación de valor agregado que fortalezcan la industrialización de los recursos naturales de forma integral.
Se anunciaron proyectos de industrialización que por el momento están en papeles, algunos deben ser valorados porque no se cuenta con la garantía en la provisión de la materia prima u otros que no tienen asegurado la suficiente provisión de volúmenes de agua que se requieren como el litio.
Parece ser reiterativo, pero no hay otra solución, es momento de un acuerdo público y privado nacional por una mayor producción con valor agregado y fuentes de empleo seguros y con salarios dignos, a través de la aplicación de políticas de Estado como el incentivo al turismo, diversificación e impulso a las exportaciones, desarrollo del agro con tecnología genética, impulso y desarrollo en la oferta de software y atracción de inversión con normas claras para su protección.
En el fondo, la deuda externa es sinónimo de mendigar con un sombrero ante los organismos y países desarrollados, lo cual debería preocupar a los gobernantes y gobernados porque demuestra que la economía boliviana no está blindada, a no ser que los políticos y empresarios poderosos estén blindados a diferencia del ciudadano de a pie que debe trabajar para llevar el pan de cada día.
Los planteamientos expresados en la presente columna de opinión no comprometen la línea editorial de esta casa periodística.
