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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que las Comisiones de Fiscales que investigan los casos de Sacaba y Senkata, en las últimas horas, presentaron las apelaciones correspondientes respecto a las declaratorias de incompetencia por parte de los Tribunales de Sentencia que debían resolver estos casos. En ese marco, se solicitó a las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba sorteadas, dejar sin efecto esta determinación e iniciar con el juicio oral público y contradictorio correspondiente.
“Las Comisiones de Fiscales asignados a estos casos, han activado los recursos de apelación correspondiente, para que las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba sorteadas, advertidas de esta arbitrariedad por parte de los tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se de inicio al juicio oral público y contradictorio” sostuvo Lanchipa.
La autoridad recordó que, anteriormente, el tema de competencias ya fue planteado, discutido y resuelto ante los juzgados de instrucción penal a cargo del control de garantías del proceso que, a través de una resolución judicial, se dispuso que la ciudadana Jeanine Añez debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria y no por medio de un juicio de privilegio constitucional, decisión que fue ratificada por las salas penales de los tribunales departamentales de La Paz y Cochabamba en su calidad de tribunal de alzada.
“El análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de estos casos, ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial, adquiriendo, de esta manera, la calidad de cosa juzgada material, por tanto, la determinación asumida al respecto es de cumplimiento obligatorio para las autoridades de primera instancia”, dijo el Fiscal General.
En ese marco, Lanchipa anunció que el Ministerio Público analizará y tomará las acciones legales correspondientes, para que la emisión de toda resolución contraria a la Constitución Política del Estado y las leyes sea objeto de investigación y se definan responsabilidades.
Por otro lado, el Estado boliviano tiene compromisos y obligaciones con la comunidad internacional, en ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, realiza un seguimiento minucioso de las investigaciones y enjuiciamientos de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019, con la finalidad de dar justicia a las víctimas.
“Asimismo, existen antecedentes de fallos por parte de la CIDH, que se constituyen en lineamientos y jurisprudencia consolidada para los estados miembros, que no pueden utilizar como excusa o justificación para la no investigación o enjuiciamiento de hechos constituidos en violación de los derechos humanos, la vigencia de estructuras judiciales que requieren de autorizaciones de carácter político u otros obstáculos formales que deniegan el acceso a la justicia de sus ciudadanos”, aseguró la autoridad.
