Redacción Radio Pasankalla
Hace 12 años encontraron el cadáver de la exconcejal Juana Quispe en las orillas de un río de La Paz, sus detractores la siguieron desde el pueblo de Ancoraimes donde fungía como autoridad, llegó a la ciudad para participar de una jornada por el acullico. “Le hacen una emboscada en la marcha del acullico, que fue pública, y la invitan a almorzar sus enemigos, al día siguiente su cuerpo es encontrado sin vida (…) la matan por odio político”, rememoró la abogada de la familia de la víctima Valkiria Lira cuando la sentencia dispuso 30 años de cárcel para el exalcalde Félix Huanca y el expresidente del Concejo de Ancoraimes Pastor Cutile sentenciados este jueves por el asesinato de la exconcejala, un hecho emblemático de violencia política ocurrido hace 12 años.
Su cuerpo sin vida fue encontrado el 12 de marzo de 2012 en el río Orkojahuira, en la urbe paceña, con visibles signos de haber sido estrangulada. Sus restos fueron llevados y sepultados en su natal Ancoraimes.
Originaria de la comunidad Llojllata Laymini era muy respetada y apreciada por su comunidad, solo así se explicó que ganara una concejalía con una agrupación distinta al MAS. Debía iniciar su gestión en mayo de 2010, pero no la dejaron ejercer y tuvo que recurrir a la Justicia, que en febrero de 2011 le restituyó a su cargo.
Hoy, finalmente el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz, declaró culpables a las exautoridades por el asesinato de Juana Quispe Apaza. 30 años de cárcel al exalcalde, Félix Huanca Flores y al exconcejal Pastor Cutili, y a las exconcejalas Basilia Ramos Callisaya, 15 años, y a Exalta Arismendi Villavicencio, dos años; estas dos últimas por complicidad e encubrimiento. Constituyéndose en el quinto caso a nivel nacional que logra tener una sentencia contra los agresores.
En febrero de 2023, al suspenderse la audiencia de juicio oral, en conformidad al Decreto Supremo N° 2935, la Defensoría del Pueblo exhortó al Órgano Judicial se convoque al Mecanismo de Prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de acciones en el presente caso y otros que se presentasen.
Dictado el fallo, la Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades competentes a cumplir con todo el procedimiento legal a fin de que la sentencia sea ejecutoriada y se evite más dilaciones como se evidenció en los casi 12 años del proceso. De esta manera, la sentencia condenatoria se constituye en el camino para cerrar las brechas de impunidad frente a los hechos de violencia política contra mujeres autoridades.
El juicio comenzó en febrero de 2023 y este 4 de enero de 2024 se leyó la sentencia contra los responsables. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 9 de enero.
El asesinato de Quispe marcó un antes y un después en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Se redactó y puso en vigencia la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, justamente, para protegerlas y garantizar el ejercicio de sus mandatos.
“Por fin, el día de hoy (jueves) el Tribunal Cuarto ha emitido una sentencia condenatoria contra los acusados del asesinato de la señora Juana Quispe, exconcejala de Ancoraimes. (Son) 30 años de prisión para Félix Huanca y Pastor Cutile”, destacó Lira.
El caso es reconocido como “emblemático e histórico”, debido a la violenta muerte que sufrió Quispe, misma que impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Según los datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), desde enero de la gestión 2018 hasta el mes de junio del 2023 recibió 600 denuncias, siendo el 2020 el año con más denuncias (160), mientras que el 2022 (76) y 2023 (41) registraron una menor cantidad de denuncias.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de la concejala “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en instituciones y normativas del Estado”, además de recomendar el “reforzar la implementación efectiva de la Ley N.° 243 con miras a erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar su pleno ejercicio, sin discriminación, a sus derechos políticos”.
Juana Quispe es el caso más icónico de la impunidad.