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Redacción Radio Pasankalla
El verdugo de María Lindaura y su hija Miranda vivía 10 años como anticresista en su vivienda, era inquilino, junto al albañil que conocía hace años planificaron el crimen desde octubre de 2023. El hermano del albañil también es cómplice del hecho.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre el hallazgo de dos cuerpos de sexo femenino pertenecientes a María Lindaura Vega Jaldín y su hija Miranda Lucía Tejada, ambas reportadas como desaparecidas desde el pasado 4 de febrero.
Efectivos policiales lograron aprehender a tres sujetos implicados en el asesinato de ambas mujeres; se detalló que el motivo del crimen era económico.
Según la explicación de la autoridad el crimen habría sido planificado desde octubre del 2023 por Gabriel Edmundo Montalvo Rodríguez, inquilino de la señora Vega Jaldín y autor material e intelectual del hecho de sangre. Asimismo, el criminal contó con la participación de dos cómplices: Wilfredo Luis Santos Salazar, un albañil cercano a Montalvo, y su hermano José Luis Santos Salazar.
María Lindaura trabajaba como inversionista y se dedicaba al negocio inmobiliario a la vez de ser prestamista. La víctima tenía suscrito un contrato de anticrético con Montalvo, a quien le había advertido que debía desocupar su inmueble debido a una deuda de USD 51 mil.
El sindicado habitaba la vivienda desde al año 2014.
“Gabriel habría planificado quitarle la vida a esta mujer el día sábado. Sin embargo, por actividades sociales que esta mujer tenía, recién pudo encontrarse con Gabriel, en el bien inmueble que tenía como anticresista, al día siguiente, el día domingo. Lamentablemente entre Gabriel y el albañil, que corresponde al nombre de Wilfredo Luis Santos Salazar, habrían procedido a quitarle la vida a esta mujer”, detalló Del Castillo.
La causa de la muerte de ambas mujeres sería por estrangulamiento.
Montalvo habría citado a sus víctimas al inmueble donde habitaba para arrebatarles la vida para luego trasladar sus cuerpos al distrito 3 del municipio de Viacha, lugar donde fueron enterradas y posteriormente encontradas por la Policía Boliviana.
“La justicia boliviana tiene todos y cada uno de los elementos, respetando el debido proceso y la cadena de custodia, para que ningún fiscal ni ningún juez se atreva a liberar a estos asesinos. Vamos a trabajar con todos los mecanismos que nos da la ley, y con toda la fuerza del Estado, para que estos sujetos obtengan 30 años, que es la pena máxima, sin derecho a indulto dentro del territorio nacional”, recalcó la autoridad.
