Por: José Luis Toro T.
Periodista y Abogado
En las listas de postulantes para el Órgano Judicial, se encuentran 7 actuales magistrados que, respaldados por una resolución de prórroga de mandato emitida por ellos mismos, continúan en funciones, a pesar de que la Constitución Política del Estado prohíbe esta práctica al establecer claramente un límite de seis años para el mandato. Ni un día más, ni un día menos.
“Artículo 184. Las Magistradas y los Magistrados, Vocales y Jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni designados consecutivamente. Su periodo de mandato o ejercicio en el cumplimiento de funciones será de seis años”.
Si bien su inscripción es legal según los términos del Proyecto de Ley de la Preselección de Postulantes aprobado por la Asamblea Legislativa, no puede constituirse en legítima debido a los cuestionamientos del pueblo a las altas autoridades del órgano judicial, que ven como una falta de ética esta intención de “enroque” o “pasanaku” entre ellos.
En el aspecto legal, la propia Constitución también establece que no pueden volver a ser magistrados, aunque no especifica qué ocurre en el caso de intercambiar estas funciones como están haciendo, seguramente respaldados por recomendaciones políticas.
Sin embargo, en la lista de 715 postulantes también figuran jueces y fiscales muy conocidos por la ciudadanía, que en términos generales han sido objeto de críticas por su desempeño en el trabajo, lo que queda evidenciado por las numerosas quejas de injusticia por parte de los litigantes.
Otro caso que ha llamado la atención es el del vocal del TSE, Tahuchi Tahuchi, quien se postula al Consejo de la Magistratura a pesar de ocupar un cargo en un órgano del Estado que debería ser el más independiente, dado su papel en la organización y garantía de elecciones transparentes. En declaraciones a Erbol Tahuchi dijo: “Mi postulación es totalmente legal y, si fuera ilegal que lo demuestre. Segundo, no rompe con el principio de la ética”.
Aunque la Asamblea Legislativa podría anular estas candidaturas en la fase de impugnaciones, queda en la población la incertidumbre sobre esta carrera que emprenden magistrados, vocales, jueces y fiscales por ocupar los más altos cargos de la justicia. ¿De qué reforma estamos hablando si vemos a los mismos actores?
Ante esta interrogante sólo queda mantener en nuestra memoria la imagen de la Justicia con una balanza y con los ojos vendados que vemos a diario en las gradas de la Corte de Justicia de La Paz sugiere la búsqueda de un resultado certero y justo tras finalizar un conflicto. Sin embargo, quienes están a cargo de ejercer ese mecanismo de verdad y justicia no son esas estatuas, sino los operadores de todo el aparato judicial: profesionales íntegros sin el menor cuestionamiento ético y comprometidos con su labor, personas con un alto grado de patriotismo que, desprovistas de toda ambición política, cumplan con esa misión sabia e independiente que les otorgará el pueblo con su voto.
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