martes, diciembre 3, 2024
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Por: Lic. M.Sc. Willy Marcos Chipana Maman

El economista Samuel Johnson mencionó lo siguiente: “El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas”. Estas palabras no encajan en la realidad boliviana que debe afrontar por varios problemas económicos que afectan a la población, cuya solución demanda de respuestas estructurales.

El anuncio realizado por el presidente Luis Arce Catacora, con relación a la realización de un referéndum para consultar a la gente si está de acuerdo o no con la subvención a los carburantes generó incertidumbre que certezas en varios sectores de la sociedad por las consecuencias que habrá a futuro. Esta decisión se debe a las siguientes causas que maduraron por varios años que son las siguientes:

En la actualidad ya no se cuenta con los suficientes dólares en las reservas internacionales netas (RIN) porque fue utilizado en la instalación de empresas estatales que en algunos casos son deficitarias. Entre 2014 y abril de 2024 las reservas cayeron de $us 15.122 millones a $us 1.796 millones.

Además, se destinó a la subvención de alimentos, servicios básicos y carburantes (en 2023 alcanzó $us 1.821 millones). Pero, uno de los factores que ocasionó la merma de la divisa estadounidense en las RIN fue el elevado déficit fiscal por el aumento del gasto corriente, pues se proyecta que para este año alcanzaría el 7,8% (representa al menos $us 3.600 millones).

Otro dato que ayudó a la reducción de los dólares en las arcas del Estado fue la caída de la renta petrolera entre 2014 y 2023 de $us 5.489 millones a $us 2.370 millones. Estas cifras están acompañadas por el descenso en la producción de gas natural de 60 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) a 32,8 MMmcd entre 2015 y junio de 2024.

Este resultado se tradujo en la escasez de la divisa estadounidense y la creación de un mercado paralelo que goza de buena salud, el encarecimiento de los productos en el mercado interno, la dificultad en el pago a los importadores de diésel y gasolina por parte del Estado y la devaluación de la moneda nacional respecto al dólar. En estos momentos, la devaluación del boliviano ronda por el 80%, debido a que la divisa extranjera se cotiza entre Bs 12 y 13,50.

El soslayar estos datos y reemplazarlos por el principio de la participación ciudadana en democracia para que decidan si se mantendrá o no la subvención a los carburantes refleja el interés del presidente Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca, de eludir toda responsabilidad, después de haber sido parte de la gestión del exmandatario, Evo Morales. La debacle en los ingresos del Estado se registró desde hace ocho o nueve años, pero no se hizo nada, así como la falta de trabajos de exploración hidrocarburífera.

Una eliminación total a la subvención a los carburantes o la aplicación de valores diferenciados para determinados sectores causará que los precios de la canasta familiar y otros bienes de mayor demanda se eleven en el mercado interno, lo cual afectará de forma directa a los sectores de bajos ingresos o pobres. Esta situación se daría a pesar del subsidio que se aplique a los carburantes en favor de los últimos, pues los ingresos o salarios del ciudadano de pie no alcanzarían para adquirir los productos de primera necesidad para subsistir.

Lo mencionado, se debe a que en una economía informal que alcanzó el 80% no importará si unos se benefician con la subvención y otros no, pues el aumento en los precios será lineal para todos porque el fin último es el lucro, lo cual está acompañado de una falta de control por parte de las autoridades llamadas por norma. El argumento de que habrá mayores recursos para proyectos públicos o créditos para sectores productivos con la supresión del subsidio total o diferenciado un virtual aumento de precios que golpeará a las familias de escasos recursos que no cuentan con empleo seguro ni ingresos mayores al salario mínimo nacional.

Entonces, el llevar un tema a un referéndum para que la población lo resuelva denota la falta de un programa económico serio que busque solucionar un problema de forma estructural, pues la subvención a los carburantes es uno de los eslabones del modelo económico que llegó a su fin. El echar la culpa a factores externos, conflictos político-partidarios o fijar los ojos en la aprobación de más créditos externos que a la larga aumentarán la deuda externa son salidas que reflotan la inexperiencia en la aplicación de políticas económicas al mando del gobierno.

¿Qué hacer?

El desastre económico está cerca porque el Estado llegará en mediano y corto plazo al punto de no contar con dólares para importar gasolina y diésel, lo que paralizará el famélico aparato productivo. Un referéndum para dilucidar este tema no es la solución de fondo al problema, razón por la cual es urgente la implementación de medidas preliminares que reactiven la economía del país.

Todo diálogo entre gobierno y sector privado es plausible, siempre y cuando exista la voluntad política para aplicar los acuerdos a los que se arriben, así sea el cambio del modelo económico. También, la atracción de inversión extranjera y nacional debe ser una prioridad nacional.

La aplicación de tecnología de última generación en el sector agrícola para incrementar la producción es necesario como alternativa a la explotación de las materias primas. La aplicación de incentivos tributarios y la simplificación de trámites en todos los niveles del Estado en favor del sector del turismo.

La eliminación del impuesto a la transacción financiera (ITF) para atraer los depósitos en el sector financiero que permitan dinamizar el crédito. Asimismo, la reducción del gasto corriente en la administración central, a través de la disminución del presupuesto y el número funcionarios (ministerios, consultores, funcionarios jerárquicos y medios) y la eliminación de las empresas estatales deficitarias.

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Lic. M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista-docente universitario

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