Los trámites para la importación directa de combustibles por parte de empresas privadas se completarán en un período de 7 a 10 días, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, al término de una reunión informativa con directivos de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), realizada en la capital cruceña.
El Gobierno, en coordinación con diversas instituciones, estableció un proceso ágil para la inscripción de empresas como importadoras ante la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). “Gracias a esta iniciativa, los trámites que anteriormente podían extenderse por más tiempo, ahora se han regulado para que se completen en un plazo de 7 a 10 días”, expresó la autoridad.
Entre las acciones inmediatas, Gallardo explicó que la ANH y la estatal YPFB designaron personal especializado para agilizar los trámites de importación directa de combustibles a personas, empresas, sindicatos y otras entidades interesadas en participar en este proceso. Durante el encuentro, también se propuso la modificación de los decretos 4910 y 4911 para reducir los requisitos y hacer este procedimiento más eficiente.
El Ministro indicó que, en la actualidad, ya existen cinco empresas inscritas en la ANH y la DGSC. Otras tres están en proceso de inscripción, y se ha recibido requerimiento de información por parte de siete empresas más. “Esperamos que, con esta capacitación y socialización, este número crezca de manera constante, permitiendo así que más empresas cumplan con los requisitos y puedan proceder con las importaciones”, agregó.
Respecto al procedimiento, Gallardo señaló que existen tres instancias en las que se deben realizar estas gestiones: la ANH, la DGSC y la obtención de una no objeción emitida por parte de YPFB. Cada uno de estos trámites está descrito en los diferentes decretos supremos, los cuales deben ser cumplidos rigurosamente, añadió.
Entretanto, el presidente de la FEPSC, Mario Justiniano, exteriorizó su conformidad con el acuerdo alcanzado con las autoridades del Gobierno nacional, ya que considera que es fundamental para los sectores agropecuario, forestal y otros interesados en la importación directa de combustibles, lo que garantiza el desarrollo de sus actividades.