Por: RPK Noticias
Los sectores empresariales han dado la espalda al Gobierno. Este martes los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, César Adalid Siles; de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores; y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, esperaron a los directivos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que no llegaron a la cita para tratar la disposición sobre el decomiso
Sin embargo, volvieron a convocaron al sector productivo empresarial a asistir al diálogo en el marco de la aplicación de la Disposición Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, aunque no dieron luces sobre su posible anulación.
“Comunicamos la lamentable inasistencia del sector empresarial al diálogo constructivo que habíamos convocado la semana pasada de manera pública a través de los medios de comunicación y de manera formal por escrito con notas de atención, para discutir, hablar y dialogar sobre la aplicación, posible reglamentación, alcances y efectos de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado 2025”, señaló Siles, rodeado de sus colegas.
La autoridad manifestó que, en el marco de la “cultura de paz y diálogo” que lleva a delante la gestión de Luis Arce, se invitó a la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Agropecuaria del Oriente.
“Hemos recibido notas donde comunican la inasistencia con criterios radicales”, lamentó.
Ante la inasistencia, el ministro de Justicia reiteró la invitación y sostuvo que lamentablemente la Disposición Adicional Séptima ha sido “satanizada” por algunos sectores.
“Entendemos por las respuestas que hemos recibido que hay una posición política de por medio, sin embargo, vamos a convocar nuevamente al diálogo ya que somos un Estado en el que se privilegia la Cultura de Paz”.
Los sectores empresariales anunciaron su rechazo a la medida y anunciaron que no dialogarán con el Gobierno hasta tanto no se anule la disposición.
La disposición séptima del PGE 2025 establece que “las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“Lo que pretende el Gobierno nacional es garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales para la población, y la forma de hacerlo está establecida en normas anteriores a la ley financial; el control, fiscalización, decomiso y confiscación cuando amerite, está regulado hace mucho tiempo atrás, por lo que lamentamos la ausencia de los sectores”, explicó Siles.
Así, la autoridad reiteró la invitación para instalar un diálogo constructivo “sin posiciones radicales ni políticas”.