La audiencia, celebrada en Sucre, reunió a representantes del Estado, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, científicos y defensores ambientales. En este contexto, varias instituciones y personas se sumaron como amicus curiae, aportando análisis jurídicos y técnicos clave para fortalecer la defensa del jaguar.
WWF-Bolivia presentó un informe de Peritaje Ambiental Cultural respecto al caso de protección del jaguar (Panthera onca) y su hábitat técnico-científico en cumplimiento al mandato de la sala plena del Tribunal Agroambiental, conforme al Auto de Admisión Ambiental No. SP-TAA 001/2025, elaborado en forma conjunta con WCS, como se instruía en el mencionado Auto de Admisión Ambiental, el cual fue expuesto durante la audiencia. El documento subraya la necesidad de una restauración profunda de los ecosistemas afectados y una gestión integral que considere la dimensión ambiental, social, económica y cultural del jaguar.
Durante su intervención, Lila Sainz, Coordinadora de Proyectos y punto focal de vida silvestre de WWF-Bolivia, expresó: “Al proteger al jaguar, estamos conservando a una especie emblemática y reforzando la capacidad de resiliencia y regeneración natural de los ecosistemas, incluso de aquellos que han sido degradados severamente. Esto permite la coexistencia con actividades económicas y productivas desarrolladas por comunidades indígenas, campesinas y otros actores.”
Además, subrayó que: “Este informe observa que es necesario tomar medidas que aseguren la restauración de los ecosistemas y poblaciones afectadas, así también, restituir las condiciones que sustentan las relaciones espirituales y culturales entre el jaguar y los pueblos que lo consideran parte esencial de su identidad y su equilibrio vital.”
Sainz enfatizó que es indispensable establecer directrices claras de prevención y garantías de no repetición, reconociendo que la conservación del jaguar abarca una visión integral basada en los derechos de la Madre Tierra. “Estas medidas deben fortalecer el resguardo y la gestión de los territorios indígenas, de las áreas protegidas y de otros espacios esenciales para la conservación del jaguar, incluso fuera de los límites oficialmente establecidos, ya que se trata de una especie con comportamiento migratorio.”
Como resultado, de una audiencia de más de 5 horas de duración, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución con 12 disposiciones, entre las que se destacan:
- Pausa ecológica inmediata en todo el territorio nacional por quemas y chaqueos y pausa ecológica para actividades extractivas o antrópicas que amenacen su supervivencia.
- Protección integral para defensores ambientales.
- Creación de un fondo nacional para la conservación del jaguar.
- Recategorización del estado de conservación del jaguar en el Libro Rojo de especies amenazadas.
- Política de tolerancia cero al tráfico de fauna silvestre, con controles reforzados en aeropuertos y capacitación del personal.
- Reforma educativa nacional, con enfoque en biodiversidad, cambio climático y derechos de la naturaleza.
La audiencia celebrada en Sucre marcó un precedente inédito en la defensa ambiental boliviana, no solo por la naturaleza de las medidas dictadas, sino por el amplio respaldo multisectorial que la acompañó. En palabras de la diputada María René Álvarez, promotora de la Acción Ambiental Directa: “Hoy es un día histórico en la jurisdicción ambiental. Logramos que el Tribunal Agroambiental resuelva medidas de prevención para la especie, el jaguar, y que se disponga la conservación de su hábitat. Esto implica la prohibición de quemas y la no emisión de autorizaciones para los chaqueos en territorios sensibles. Hemos dado un paso muy importante junto a las autoridades indígenas, a la sociedad civil organizada, los guardaparques y los colectivos defensores de la naturaleza.”
Esta resolución marca un hito en la defensa de la vida silvestre y de los territorios que sostienen la vida. Proteger al jaguar es proteger la red de la que dependemos todos: comunidades, culturas, ecosistemas y generaciones futuras. Es un paso firme hacia una convivencia armónica con la naturaleza, donde los derechos de la naturaleza se reconocen, se respetan y se defienden con compromiso colectivo.