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Por Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
El modelo liberal que se pretende implementar en Bolivia ofrece libertad únicamente para quienes pueden pagar y soportar un ajuste brutal, mientras que las clases vulnerables cargan con la deuda pública, enfrentando hambre, desempleo y retrocesos sociales. Si pensaba que la “libertad económica” significaba poder decidir sin restricciones, está equivocado: en realidad, se trata de un eufemismo elegante para un plan cuyo verdadero objetivo es beneficiar a unos pocos a costa del resto de la población.
Los equipos económicos vinculados a Tuto Quiroga y Paz Pereira, con el respaldo de colaboradores de Samuel Doria Medina y Marcelo Claure, prometen estabilidad y crecimiento, pero en la práctica aplican congelamientos de jubilaciones, desempleo, recortes de subsidios y subvenciones, perdida del poder adquisitivo, venta de las materias primas valiosas, endeudamiento externo y privatización de empresas estratégicas. En este modelo liberal, la libertad se convierte en un lujo reservado a quienes pueden costearla; para la mayoría de los bolivianos significa perder salarios, derechos y control sobre los recursos del país, mientras se instala el miedo como herramienta de gobernabilidad.
La historia económica de América Latina demuestra que las recetas neoliberales —ahora presentadas como “liberales” o bajo el lema de la “libertad económica” y la “libertad de elección”— en realidad esconden opresión. La palabra libertad funciona como marketing, pero surge la pregunta: ¿libertad para quién? Solo para quienes pueden pagarla. Tras la implementación de medidas de ajuste brutal, estas políticas se convierten en un camino recurrente hacia la desigualdad, la pérdida de soberanía y el empobrecimiento de las mayorías. Bolivia se enfrenta nuevamente a esta amenaza. Los discursos de los equipos económicos vinculados a Tuto Quiroga y Paz Pereira, acompañados por colaboradores de Samuel Doria Medina y Marcelo Claure, anticipan medidas que prometen estabilidad y crecimiento, pero cuya experiencia histórica demuestra que implican un alto costo social: ajuste severo, endeudamiento externo, privatización de empresas estratégicas y un clima de miedo que justifica los recortes.
Ajuste brutal: el costo recae sobre la población
El primer paso de la receta neoliberal es el ajuste fiscal extremo. Los gobiernos que aplicaron este modelo justifican congelamientos de jubilaciones, recorte de subsidios y reducciones salariales bajo la bandera del déficit cero. En la práctica, los que más padecen son las clases medias y bajas, mientras que los grandes exportadores y empresas transnacionales rara vez enfrentan restricciones.
La historia reciente de Bolivia y la región lo confirma. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002), la eliminación de subsidios provocó aumentos en los precios de servicios básicos, descontento social y protestas que marcaron un período de profunda inestabilidad política. El resultado fue un país más desigual y con mayores tensiones sociales.
Endeudamiento externo: hipotecando el futuro
El segundo ingrediente del modelo es el endeudamiento externo. Ante la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), los gobiernos neoliberales suelen comprometer el futuro económico del país a cambio de préstamos que, en teoría, estabilizan la macroeconomía.
Sin embargo, en la práctica, estos préstamos han generado dependencia financiera y limitan la autonomía política. Entre los años 1990 y 2005, Bolivia acumuló deuda externa significativa mientras los índices de pobreza y desempleo se mantenían elevados. Hoy, las señales de los equipos económicos mencionados apuntan a medidas similares que, históricamente, han beneficiado a los grandes acreedores a costa del bienestar social.
Privatización de empresas estratégicas: pérdida de soberanía
La tercera fase es la venta de empresas públicas a corporaciones transnacionales. Bolivia posee sectores estratégicos, como energía y minerales, cuya privatización no solo transfiere rentas al exterior, sino que limita la capacidad del Estado para implementar políticas de desarrollo independiente.
El caso de la privatización de las telecomunicaciones en la década de 1990 y la venta de empresas estatales de hidrocarburos es un ejemplo claro: mientras los beneficios se concentraron en inversionistas privados, el país enfrentó incrementos en tarifas y pérdida de control sobre recursos estratégicos.
El miedo como herramienta política
El modelo neoliberal no solo recurre a medidas económicas drásticas, sino también al miedo social como instrumento de gobernabilidad. Se promueve la narrativa de que los sacrificios son inevitables y que solo la aceptación del ajuste permitirá la “libertad económica” y la estabilidad. Este mecanismo genera resignación, inseguridad y, en muchos casos, conflictos sociales que desestabilizan aún más al país.
Experiencias regionales: un patrón que se repite
La experiencia latinoamericana demuestra la eficacia relativa pero el fracaso social de estas políticas. Argentina bajo Menem, Brasil con Bolsonaro y Colombia durante Duque implementaron ajustes severos, privatizaciones y políticas de apertura de mercados que terminaron aumentando la pobreza y la desigualdad. Bolivia misma no está exenta: los gobiernos de Paz Estenssoro y Sánchez de Lozada aplicaron recetas similares, con resultados de mayor desigualdad, pérdida de soberanía y protestas sociales masivas.
Promesas de campaña vs. realidad
Hoy, las promesas de crecimiento, empleo y desarrollo que se escuchan en campañas políticas contrastan con la aplicación histórica de estas políticas. Los equipos económicos que proponen estas medidas ofrecen discursos técnicos, pero no esconden la lógica del modelo: privilegio de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. La experiencia muestra que las “promesas de campaña” terminan siendo incumplidas, mientras la población paga el precio del ajuste.
Conclusión: alternativas necesarias
Bolivia se encuentra en un punto crucial. Repetir la receta neoliberal sería condenar al país a décadas de desigualdad, pérdida de soberanía y conflictos sociales. La alternativa requiere políticas que fortalezcan la producción interna, protejan el empleo, redistribuyan equitativamente los recursos y eviten que el país dependa de decisiones impuestas desde el exterior.
El desafío es mayúsculo: frenar la implementación de un modelo que históricamente ha fracasado y apostar por un desarrollo sostenible, inclusivo y autónomo. La historia está llena de advertencias; la pregunta es si Bolivia escuchará antes de que sea demasiado tarde.
