viernes, noviembre 21, 2025
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  1. Un antecedente que marcó la relación institucional (2022)

El episodio registrado en 2022, cuando el gobernador fue hallado en su despacho en medio de latas de cerveza, marcó el inicio de una relación compleja con los órganos de fiscalización. El hecho derivó en un proceso judicial y tensó la dinámica entre el Ejecutivo departamental y los asambleístas opositores.

  1. Observaciones que se acumulan en distintas reparticiones (2024–2025)

Durante los últimos dos años, asambleístas de la alianza Somos Pueblo señalaron la existencia de supuestos aportes “obligatorios” solicitados a funcionarios en varias áreas. Coronado y Alanoca se han mantenido como los principales fiscalizadores, advirtiendo que estos reportes no corresponden a contribuciones voluntarias y que se habrían replicado en más de una unidad operativa.

  1. Intervención en SEDES revela documentos y registros internos (noviembre 2025)

Una inspección en SEDES derivó en el hallazgo de planillas de personal, registros de aportes mensuales y una base de datos interna. Asimismo, se encontraron montos en efectivo y capturas de mensajes institucionales que instruían ponerse “al día” con dichos aportes. Según los fiscalizadores, los casos también se estarían replicando en Infraestructura, Protocolo, SEDEGES y SEDEDE.

Las autoridades departamentales han atribuido estos hechos a “acciones aisladas promovidas por exfuncionarios”, mientras los asambleístas aseguran que los documentos recopilados contradicen esa versión.

  1. Avances judiciales y solicitudes de ampliación de investigación

A raíz de la intervención, dos funcionarios fueron enviados a detención preventiva mientras avanza la causa por presunta extorsión. Los asambleístas solicitaron que las investigaciones se amplíen hacia niveles directivos y solicitaron convocar a todos los responsables mencionados en los documentos incautados.

La Fiscalía analiza si incluirá a mandos superiores de la Gobernación en la investigación.

  1. Activación política en paralelo: presentación del partido UPC

En medio de este contexto, el gobernador Santos Quispe presentó en El Alto la organización política Unidad Por el Cambio (UPC), que cuenta con personería jurídica vigente para participar en las elecciones subnacionales de 2026. Durante el anuncio, la autoridad convocó a “nuevos liderazgos” y adelantó que buscará renovar candidaturas en los distintos municipios del departamento.

El acto fue acompañado por la inauguración de casas de campaña y reuniones con sectores sociales.

Un clima político marcado por paralelismos

Mientras avanza el trabajo fiscal y se anuncian nuevas inspecciones, el despliegue de la estrategia electoral del gobernador abre un escenario de coexistencia entre procesos de investigación y actividad proselitista. La población y actores institucionales esperan definiciones claras que permitan disipar dudas sobre las responsabilidades administrativas y políticas.

La atención ahora está puesta en la respuesta del Ministerio Público y en cómo la dinámica entre fiscalización, gestión y campaña influirá en el rumbo político del departamento en los próximos meses.

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