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Redacción RPK Noticias
Jeanine Añez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, fueron acusados formalmente por la Comisión de Fiscales por los delitos de Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, entre otros, por los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019, que derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno de ese entonces.
El Ministerio Público informó que se concluyó la investigación en el caso “Golpe de Estado I”, en el que se logró colectar 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales, en ese marco, la Comisión de Fiscales presentó la acusación formal en contra estas ocho personas.
“Hoy se ha presentado la acusación formal ante la autoridad jurisdiccional por el delito de Terrorismo y otros contra Jeanine Añez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, quienes habrían provocado conflictos sociales en Bolivia, que derivaron en la ruptura del orden constitucional para que la exsenadora Añez, asuma la presidencia del Estado en noviembre de 2019, en ese entendido la Fiscalía pedirá la pena máxima por el delito mayor que es Terrorismo, es decir 20 años de presidio”, dijo el Fiscal del caso, Omar Mejillones.
Agregó, que durante el curso de las investigaciones se colectaron un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados. Asimismo, se tienen 133 pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.
De acuerdo a los antecedentes presentados, los hechos sucedieron a partir del 21 y 22 de octubre cuando Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, expresidentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, iniciaron los conflictos que derivaron en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales en sus ciudades, argumentando un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y con la agudización de los conflictos en las calles, se presume que promovieron la salida prematura del expresidente, vicepresidente y sus ministros. Asimismo, bajo la amenaza de dañar a sus familiares, fomentaron la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de esa gestión.
Tras varias reuniones entre actores políticos en una universidad de la ciudad de La Paz, se habría consolidado la intención de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, asuma, en primera instancia, la presidencia del Senado para luego asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a sabiendas de que la segunda vicepresidencia del Senado no se encuentra en la línea de sucesión a la presidencia del Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
Con estos antecedentes y de acuerdo a las pruebas colectadas por la Fiscalía, Jeanine Añez, se habría reunido con Luis Fernando Camacho, en tres oportunidades, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, luego en la Academia Nacional de Policías, el 11 de noviembre de 2019, y posteriormente en palacio quemado, para distribuirse las instituciones estatales y como parte del acuerdo se designó a varios ministros, quienes fueron sugeridos por el entonces Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
