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Bolivia Verifica
Rodrigo Paz enfrenta un mandato con la crisis económica y política en agenda. En criterio de cuatro analistas, el éxito de su gestión dependerá de la capacidad para cumplir con cuatro tareas apremiantes desde el inicio de su gobierno: regularizar el suministro de carburantes y estabilizar la cotización del dólar cuidando no generar una hiperinflación, implementar el reparto fiscal 50/50 y, muy fundamental, generar gobernabilidad con los diversos actores de la sociedad.
En este artículo, los economistas Gonzalo Chávez y Alberto Bonadona, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos y el politólogo Marcelo Arequipa evalúan la viabilidad de este que es considerado un paquete de medidas indispensable para sacar a Bolivia de una múltiple crisis.
Los expertos coinciden en que la urgencia económica debe ir acompañada de una compleja estrategia política para asegurar la gobernabilidad. Advierten que las soluciones técnicas más directas, como el ajuste del subsidio a los carburantes, conllevan un alto riesgo de explosión social si no se manejan con un amplio consenso político y mecanismos de compensación eficaces. La urgencia se centra en lo económico, con una triple crisis que requiere acción inmediata, concuerdan.
1. Combustibles
El primer desafío es asegurar los recursos energéticos. Gonzalo Chávez es claro sobre la prioridad, afirmando que el «asunto del combustible es fundamental para entender cómo se mueve la economía en Bolivia» y que «sin energía, cualquier país se paraliza; por eso, asegurar el suministro es prioridad máxima para el gobierno».
Chávez también identifica una problemática estructural: «No es sostenible tener subsidios universales que benefician por igual a ricos y pobres, generando incentivos distorsionados y un fuerte peso fiscal». No obstante, advierte que, políticamente, «tocar los subsidios puede abrir una caja de Pandora».
Álvaro Ríos, por su parte, establece que la prioridad absoluta es el abastecimiento de carburantes, aunque no sea por canales habituales, y sentencia: «Primero, asegurar el abastecimiento». Ríos es enfático en la necesidad del ajuste, asegurando que «si no se ajustan los subsidios, nada funcionará».
Su propuesta es secuencial: «primero, garantizar la oferta de combustibles y el flujo de dólares». El exministro aconseja al nuevo gobierno iniciar una evaluación a fondo de YPFB, cuya crisis de gestión la hace incapaz de aportar utilidades al Estado, y concluye que «YPFB está quebrada; solo inversiones privadas reanimarán el sector».
Alberto Bonadona, por su parte, subraya que el contexto actual necesita de consenso nacional para blindar la seguridad alimentaria, lo cual se complica ante las amenazas a la producción y la presión inflacionaria que puede devenir de levantar el subsidio al diésel.
El economista ve «inevitable que los costos del transporte suban, impulsando la inflación», por lo que es vital que el gobierno disponga de mecanismos de compensación eficaces.
En ese sentido, para Marcelo Arequipa, Rodrigo Paz tiene la obligación de «socializar las propuestas y preparar el terreno con los actores con poder de veto en el país», lo cual ha de ser crucial antes de tocar los subsidios.
2. Dólar e inflación
Estos dos temas están intrínsecamente ligados. Chávez explica que la economía boliviana necesita dólares «frescos, utilizables de inmediato para importar combustible y cumplir obligaciones externas». Advierte que estos deben ser dólares de libre disponibilidad y que, hoy por hoy, el único ente con capacidad de inyectar divisas es el FMI, lo cual supone ajustarse a exigencias más estrictas.
Sobre el nuevo régimen cambiario, sostiene que el modelo requiere «confianza y credibilidad por parte del Banco Central» y la creación de un «fondo específico con dólares únicamente para este fin, sumando al menos mil millones».
La «inflación es la consecuencia que más duele a los hogares vulnerables», afirmó Chávez, indicando que retirar los subsidios y migrar a un régimen cambiario flexible inevitablemente subiría los precios.
La vía para frenar el efecto inflacionario es una «política monetaria contractiva: menos gasto público y tasas de interés más altas», aunque esto podría agudizar la recesión.
Bonadona interpela sobre la aparente contradicción de una caída del dólar paralelo y los precios en constante ascenso, explicando que los productos importados «no pueden bajar de precio automáticamente; la reposición demora».
El economista puntualiza que «el efecto demora y no hay un traslado inmediato entre tipo de cambio y precios». Para amortiguar el impacto, propone usar la plataforma del Ingreso por Dignidad para «instrumentar transferencias directas a los más afectados».
En tanto que Ríos incluye la necesidad de importar dólares urgentemente para mantener la economía a flote y la urgencia de establecer una política cambiaria con bandas de fluctuación, enfrentando el problema de los subsidios «desde el primer momento».
3. Reparto fiscal 50/50
La propuesta del gobierno de cambiar el esquema de distribución de recursos hacia un modelo de 50% para el nivel central y 50% para los gobiernos subnacionales fue analizada por Gonzalo Chávez. Aunque la considera «justa y popular» a primera vista, sostiene que ponerla en marcha implica una enorme complejidad técnica y legal.
El analista enfatiza que «no se trata solo de repartir dinero, sino también funciones y responsabilidades». Por ello, la vía más sensata parece ser el «pacto fiscal: un instrumento de planeación a largo plazo que distribuya recursos y tareas en función de las verdaderas necesidades de cada jurisdicción».
4. Construir alianzas con organizaciones sociales
El analista político Marcelo Arequipa aborda el componente de la gobernabilidad, que es la condición para avanzar en cualquier política.
Cuestiona el enfoque puramente tecnocrático, señalando que «en Bolivia, la gobernabilidad requiere políticas que tengan una conexión directa, especialmente una comunicación fluida con la ciudadanía, en el sentido más amplio de la palabra”.
Advierte que la estabilidad del gobierno estaría en riesgo si no se integran componentes técnicos y políticos en el gabinete.
Arequipa destaca que el gobierno requiere «socializar las propuestas y preparar el terreno con los actores con poder de veto en el país, porque hay actores que tienen poder de veto y que, de hecho, ejercen poder».
El analista subraya el papel fundamental que desempeñan las «organizaciones sociales, el sector empresarial y los comités cívicos, especialmente los de Santa Cruz», lo que añade otra dimensión crucial para entender la gobernabilidad boliviana.
En el contexto de la oposición en la Asamblea Legislativa, Arequipa analiza que el masismo «ha debilitado la institucionalidad formal, mientras ha fortalecido enormemente la institucionalidad informal», por lo que «no trabajar con esa institucionalidad informal implica no reconocer la dinámica del país y generar un escenario de ingobernabilidad».
En conclusión, el éxito de la gestión de Rodrigo Paz dependerá, según los analistas, de la capacidad de su equipo para implementar soluciones económicas que deben ser, a la vez, políticas. La estabilización de los combustibles y del dólar será la prueba de fuego que determinará la viabilidad de todas sus demás promesas, exigiendo la construcción de un consenso amplio para evitar un estallido social.
