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Por: M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista y docente universitario
Este martes, al subir al minibús escuché a dos señoras mencionar que el nuevo gobierno que estará presidido por Rodrigo Paz y Edman Lara, de seguro “se van a repartir las pegas en los ministerios”. De pronto me llegó a la cabeza el tema de institucionalidad que se destruyó en los últimos 20 años, así como las medidas económicas que se deberán aplicar en el marco de un nuevo modelo económico.
Entre los aspectos fundamentales que deberán ser asumidos por la gestión de Paz y Lara, está la institucionalidad en las entidades públicas y la aplicación de medidas económicas de corto, mediano y largo plazo para salir de la crisis económica. Para este cometido es importante allanar el camino legal que consiste en lo siguiente:
Primero. La institucionalidad en las entidades públicas es importante, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia (BCB) se convirtió en la chequera de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) para atender sus apuros financieros sin importar la disminución de las reservas internacionales netas (RIN) entre 2014 y octubre 2025 de $us 15.122 millones a $us 3.275 millones. Esta situación se debió a los artículos 326 y 328 de la Constitución Política del Estado (CPE) que generó una subordinación del BCB ante el poder político en función de gobierno.
El Artículo 326 Parágrafo I Constitucional señala lo siguiente: “El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia”. También, el Artículo 328. Parágrafo I indica: “Son atribuciones del Banco Central de Bolivia en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 2. Ejecutar la política cambiaria. 3. Regular el sistema de pago. 4. Autorizar la emisión de la moneda y 5. Administrar las reservas internacionales”.
Los dos artículos de la Constitución muestran la obediencia del BCB al gobierno de turno y, más aún, si durante la gestión del MAS no se designó al presidente y al directorio por ley, pero si hubo autoridades interinas con sumisión política a los gobiernos de Evo Morales y de Luís Arce Catacora. Esta situación derivó en la promulgación de leyes que obligan al ente emisor a prestar recursos para constituir empresas estatales, que en muchos casos son deficitarias.
A su vez, la subordinación del BCB ante el gobierno masista a título de coordinación causó la reducción de las RIN porque los “pocos dólares” existentes fueron utilizados para importar gasolina y diésel, sin tocar el elevado déficit fiscal provocado por la gestión de Arce que en esta gestión borde a los $us 6.000 millones. La inflación y la devaluación de la moneda nacional, en gran medida tiene su origen en convertir al BCB en la billetera del gobierno de Morales y de Arce porque no hubo institucionalización que genere los equilibrios macroeconómicos y evita la quiebra en la que está el país.
Segundo. La buena voluntad que puedan tener Paz y Lara de abrir la económica a la iniciativa privada nacional y extranjera, a través de la inversión y la aplicación de determinadas políticas económicas deben tomar en cuenta los artículos 311 Parágrafo 1 y 2 y el artículo 316 Parágrafo 1, 2, y 3. En el primer caso, se indica con precisión que el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado.
El Artículo 316 señala que la función del Estado en la economía consiste: “1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 2. Dirigir la economía y regular, conforme a los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 3. Ejercer la dirección y control de los sectores estratégicos de la economía”.
Por lo descrito, se infiere que en ninguna de las partes de los artículos citados de la CPE se deja espacio ni se menciona a la iniciativa privada y, más aún, se indica la participación y consulta ciudadana. Esta última parte obliga al gobierno de Paz y Lara a buscar consensos con los diferentes sectores de la sociedad civil del país para la aplicación de un nuevo modelo económico con la finalidad de evitar conflictos.
Por lo expuesto, la gestión de Paz y Lara, está obligada a promover una reforma parcial de la CPE para aplicar todas las medidas económicas que anunció en el marco de un nuevo modelo económico sin ningún problema ni interrupción constitucional. Para este cometido debe acogerse al Artículo 411 Parágrafo II que señala lo siguiente: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.
El fundamento planteado se debe a que el modelo económico aplicado por el MAS está vinculado a la CPE y la aplicación de un modelo alternativo que busque la atracción de inversión privada y de apertura al mercado mundial en el marco de un nuevo modelo económico demandará de una reforma constitucional. En la actualidad, las fuerzas políticas con representación parlamentaria pueden lograr los dos tercios con facilidad.
Por tanto, Paz y Lara, deben modificar la Constitución para la implementación de un nuevo modelo económico tener holgura para la aplicación de una política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, tributaria y de aumento de productividad diferente al fundamento económico masista que hundió al país en una mayor pobreza.
