Por: Lic. M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista
Este domingo, en la feria de la 16 de Julio escuche a una señora recordarle a su hija lo siguiente: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Las palabras me recordaron a las declaraciones que realizó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien señaló que en la economía informal circula $us 10.000 millones, es decir, el monto equivale al menos a seis veces más con relación a las reservas internacionales netas (RIN) que a diciembre de 2023 alcanzaron a $us 1.709 millones.
¿Dónde está concentrado este dinero? ¿Quién o quiénes son los que poseen los $us 10.000 millones? ¿Quiénes son los causantes para que en el sector informal se concentren $us 10.000 millones? ¿Qué piensan realizar las autoridades del gobierno para que ese monto de dinero se incorpore a la economía formal?
Inicialmente, es preciso mencionar que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que en 2022 el contrabando de productos ascendió a la suma de $us 3.331 millones, lo cual pone en riesgo el cierre de muchas empresas y de miles de fuentes de trabajo. Asimismo, el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Carlos Arze, en base a datos de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la producción de pasta de cocaína, la hoja de coca y el transporte de drogas moviliza en el país $us 835 millones.
La suma de ambas cifras alcanzan a $us 4.166 millones, pero falta identificar que sectores movilizan los otros $us 5.834 millones. Uno de los grupos económicos fuertes son los cooperativistas mineros que en la Navidad del año anterior regalaron vehículos cero kilómetros a sus afiliados como resultado del magro aporte tributario al fisco, asimismo, los cocaleros o los “grandes” comerciales gremiales.
A pesar de una ralentización de la economía, el aumento de la deuda externa, un déficit fiscal que se arrastra y las reservas internacionales en caída, los sectores económicos que están en la sombra gozan de buena salud porque se percibe gastos en actividades de recreación, viajes aéreos y la compra y venta de inmuebles, por ejemplo, la continua ch´alla de “cholets” en El Alto, cuyo valor sobrepasa el medio millón de dólares.
Estos sectores ilegales se consolidaron al amparo del modelo económico social comunitario productivo promovido por el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y por el presidente Luís Arce, y ahora concentra más recursos que las RIN. Este hecho se refleja en el 80% de la economía informal, donde se incuban grupos de poder con interés partidarios y económicos, el incumplimiento de las normas laborales es el común denominador, la evasión fiscal se arropa de supuestos pequeños gremialistas y el contrabando de productos se comercializa sin ningún problema.
El artículo 323, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado señala lo siguiente: La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Este acápite indica con claridad que todos los bolivianos están obligados a pagar impuestos y no existen excepciones por razones de grupo, políticas o partidarias.
El pago de los impuestos por los “grandes” comerciantes gremialistas, cocaleros o de los mineros cooperativistas auríferos puede ayudar a reducir el déficit fiscal causado por la caída de los ingresos por el gas y la subvención a los carburantes; sin embargo, el gobierno no expresó hasta el momento la decisión de asumir está decisión, debido a que son grupos corporativos que le son de interés para contar con apoyo electoral en las futuras elecciones. Las autoridades del Órgano Ejecutivo deben tomar la decisión si están con los sectores legales o los ilegales porque la normativa positiva vigente no establece excepciones, si se desea salvar la economía del país.
Esta situación demuestra que hay dos Bolivia, la primera, está conformada por los sectores económicos formales que pagan sus impuestos, cumplen con las normas laborales y afrontan la presión tributaria o el contrabando. La otra economía, es la ilegal que no paga impuestos, se encubre a grandes comerciales gremialistas, no cumple con las normas tributarias ni laborales, moviliza a sus bases para imponer sus reivindicaciones sin importar las normas legales y negocia su apoyo electoral a cambio de no ser perjudicados en sus intereses.
